El Proceso 8000 y su historia política en el archivo

Publicado el Mar, 15/12/2020 - 13:43

Política y narcotráfico en Colombia: 25 años del “Proceso 8000”

Política
Archivo Señal Memoria de RTVC. Diseño gráfico: Dennis Osorio para Señal Memoria de RTVC

En los archivos sonoro y audiovisual de Señal Memoria se resguardan documentos valiosos sobre el “Proceso 8000”: sesiones del Congreso, noticias, entrevistas, entre otros. A continuación se hace un breve recuento de este proceso por medio de declaraciones del expresidente Ernesto Samper, entrevistas al exministro de Defensa Fernando Botero Zea y sesiones plenarias de la Cámara de Representantes.

Elecciones presidenciales de 1994 y surgimiento del Proceso 8000

En la contienda electoral para la presidencia 1994-1998 se enfrentaron en segunda vuelta los candidatos Andrés Pastrana Arango por el Partido Conservador y Ernesto Samper Pizano por el Partido Liberal. Poco después de que ganara este último, el presidente electo fue acusado por su contrincante de haber recibido al menos 3,7 millones de dólares del narcotráfico para financiar su campaña. La prueba reina eran unos casetes que fueron entregados al entonces presidente César Gaviria y que terminaron en custodia del Fiscal Gustavo De Greiff. En ellos se escuchaba al periodista Alberto Giraldo hablar con Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, jefes del Cartel de Cali, quienes reconocían haber entregado dinero para la campaña presidencial de Samper.

El contenido de los narcocasetes, como se les bautizó por la prensa, generó un escándalo nacional e internacional, teniendo en cuenta el auge de la cooperación transnacional en la lucha contra las drogas que había en aquel momento. De hecho, el saliente director de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Colombia, Joseph Toft, declaró a finales de 1994 que en Colombia había una narcodemocracia y que la mafia tenía infiltrados los poderes económicos y políticos del país, lo cual causó gran revuelo. A pesar de que el gobierno estadounidense rechazó las afirmaciones de Toft, las tensiones eran evidentes y prevalecieron por varios años. El presidente Samper realizó algunas declaraciones al respecto, defendiendo la soberanía de Colombia:

A pesar del escándalo, el Fiscal General De Greiff se abstuvo de abrir una investigación. Sin embargo, su salida prematura del cargo por haber cumplido la edad de retiro forzoso permitió la elección de un nuevo fiscal general, Alfonso Valdivielso Sarmiento, quien se

posesionó en el cargo el 21 abril de 1995 y, después de evaluar el caso que su antecesor había desestimado, resolvió acusar al Presidente de la República. El proceso político contra Samper se adelantó en la Cámara de Representantes, inicialmente por petición del propio presidente, quien así lo solicitó en carta del 28 de julio de 1995 dirigida a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. El 8 de agosto de aquel año se abrió formalmente la investigación y se dio comienzo al “Proceso 8.000”. Este fue el nombre que se le dio al proceso político y judicial que se llevó a cabo en la Cámara de Representantes, la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia en contra de la campaña presidencial de Ernesto Samper en 1994, que era señalada por el ente acusador de violar las leyes electorales por la entrada de dineros provenientes del narcotráfico y sobrepasar los topes monetarios establecidos para realizar campañas políticas.

Investigaciones contra Ernesto Samper y miembros de su campaña

La Fiscalía citó a indagatoria al presidente Samper, así como a Fernando Botero Zea, Santiago Medina y Juan Manuel Avella, director, tesorero y gerente administrativo de la campaña, respectivamente. De la misma manera, pidió a la Corte Suprema de Justicia ahondar sobre la conducta de nueve congresistas. El proceso del presidente continuó en la Cámara de Representantes y el 13 de diciembre de 1995 la Comisión de Investigación y Acusación concluyó auto inhibitorio debido a la falta de pruebas sobre la entrada de dinero proveniente del narcotráfico a la campaña presidencial y el conocimiento de Ernesto Samper al respecto.

Sin embargo, en enero de 1996 Botero Zea declaró que el presidente Samper no solo tenía conocimiento de la entrada de dinero del Cartel de Cali a su campaña, sino que había ideado y contribuido a su obtención y utilización, lo cual revivió el caso. El presidente, no obstante, reivindicó en una entrevista la decisión tomada por el Congreso y explicó la imposibilidad de que él tuviera conocimiento sobre la entrada de dineros ilícitos a su campaña:

 

 

A raíz de la declaración de Botero, la Fiscalía General hizo una nueva denuncia formal ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, que revocó el auto inhibitorio de diciembre. El caso contra el presidente se reabrió oficialmente el 20 de febrero de 1996. En la Cámara hubo intensos debates sobre la culpabilidad o inocencia del presidente. Entre quienes lo defendieron se destacó el representante Julio Bahamón, quien en la plenaria del 4 de junio criticó las declaraciones cambiantes y contradictorias de Botero Zea y Medina. En esta misma línea, la congresista Martha Catalina Daniels leyó en la sesión del 5 de junio fragmentos de un documento que contenía indicaciones precisas sobre las declaraciones y actuar en público de Botero Zea:

Intervención de Martha Catalina Daniels en sesión plenaria del Congreso. CD13760-02

A lo largo de su intervención, Daniels dio ejemplos precisos de cómo el exministro de Defensa y director de la campaña presidencial de Samper se ciñó al libreto que ella misma estaba presentando en la sesión plenaria. A principios de 1996, por ejemplo, Botero Zea dio una entrevista al periodista Yamid Amat en la que hablaba de la verdad que el país necesitaba conocer para salir de la crisis por la que atravesaba:

Defensa de Fernando Botero Zea. TDLR-DGW-010125-01

En dicho fragmento se da cuenta de las coincidencias entre la entrevista y el libreto con respecto al “sacrificio” que Botero Zea estaba haciendo con sus declaraciones y la importancia de decir la verdad. Mostrar que la persona que más insistía en la culpabilidad de Ernesto Samper tenía un plan premeditado para hundirlo y sacar provecho de la situación terminó repercutiendo de manera positiva en el presidente.

Resultados finales del “Proceso 8000”

Después de intensos debates, dentro de los que se destacan las intervenciones del entonces ministro del interior Horacio Serpa Uribe, en la décima sesión plenaria del 12 de junio se realizó la votación final en la que la Cámara, por 111 votos contra 43, ordenó la preclusión (archivo) del proceso contra el presidente Ernesto Samper, quien ya no podría ser juzgado por el Senado de la República ni investigado por la Corte Suprema de Justicia por falta de pruebas. Por el contrario, las evidencias fueron contundentes en los casos de Botero Zea y Medina, quienes estuvieron recluidos por varios años por el delito de enriquecimiento ilícito en favor de terceros. A pesar de que la Cámara exoneró al presidente Samper por un amplio margen, hasta la actualidad algunos sectores políticos insisten en la irregularidad del proceso.

Entre las razones que se expusieron se destacan la entrega incompleta del expediente a los representantes, la falta de independencia de los fiscales, la ausencia de representación de la sociedad colombiana en el proceso y el cierre de la investigación sin que hubiera un informe parcial sobre las cuentas de la campaña. En favor del gobierno, hay que decir que pese a que hizo uso de sus mayorías en el legislativo, siempre respetó la autonomía de la Fiscalía General de la Nación, ente que recién había sido creado por la Constitución de 1991.


Autora: Laura Alejandra Jácome Orozco
Fecha de publicación original Mar, 15/12/2020 - 13:43
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