La movilización social en Colombia ha hecho visibles experiencias de violencia y las ha sostenido en el espacio público.
La Ley 1448 de 2022 o la Ley de Victimas
En 2011, el Estado colombiano adoptó una política pública que reorganizó el marco desde el cual el conflicto armado y sus efectos sobre la población civil podían ser registrados y atendidos. La Ley 1448, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, estableció medidas orientadas a la reparación y restitución, al tiempo que reconoció a las víctimas como sujetos de derechos dentro de un dispositivo institucional que buscaba ordenar la respuesta estatal frente a décadas de violencia.
A través de instrumentos como el Registro Único de Víctimas, el país consolidó una base de datos que reúne información sobre hechos victimizantes, tipos de violencia, lugares, fechas y características de las personas afectadas. Este registro permitió dimensionar el conflicto en términos concretos y contar con una visión de conjunto sobre su impacto social y territorial. A partir de esta información, el Estado pudo orientar acciones de atención y reparación con mayor precisión. Este proceso no se reduce a un desarrollo técnico o administrativo. La creación de estos instrumentos responde también a una trayectoria de demandas sociales y políticas en la que organizaciones de víctimas, colectivos de derechos humanos y procesos territoriales insistieron durante años en la necesidad de reconocer públicamente el daño y de documentarlo.
Orozco Tascón, Cecilia (Directora). Programar Televisión (Productor). (1998). Noticiero de las siete N7. [Programa informativo] [Paro cívico en Arauca en contra de la presencia de la Convivir El Corral]. Colombia: Programar Televisión. Archivo Señal Memoria, BTCX60-064424.
En este marco, la Ley 1448 incorporó el “deber de memoria” del Estado, materializado en la elaboración de informes, la organización de archivos y la realización de actos de conmemoración. Estas prácticas permiten documentar los hechos, reunir testimonios y hacer accesible esta información para la investigación, la educación y la circulación pública. En el contexto de su conmemoración, este texto se detiene en algunos casos que permiten observar estas dinámicas en situaciones concretas. A partir de registros audiovisuales conservados en el archivo Señal Memoria, se abordan procesos en los que la violencia, la movilización y la memoria se entrelazan en el espacio público, proponiendo una lectura situada sobre cómo estas experiencias han sido registradas y sostenidas en el tiempo.
Violencia selectiva y acción colectiva
[Marcha fúnebre por el asesinato de Héctor Abad Gómez]. (ca. 1987). [Sin catalogar]. Colombia: Archivo Señal Memoria. UMT 218465
El asesinato de Héctor Abad Gómez en 1987 ocurrió en un momento de intensificación de la violencia contra líderes sociales en Medellín. Médico y profesor universitario, había construido una trayectoria vinculada a la promoción de la salud pública y a la denuncia de violaciones de derechos humanos en Antioquia. Su trabajo articulaba distintos espacios: académicos, cívicos y organizaciones de defensa de derechos, desde los cuales se hacían visibles problemáticas que afectaban a amplios sectores de la población. En un contexto atravesado por amenazas y persecuciones, su figura cumplía una función clave: conectar estas redes y sostener la circulación pública de esas denuncias. Su asesinato se inscribe en una dinámica más amplia de violencia selectiva dirigida contra quienes ocupaban ese lugar. Al atacar estas figuras, la violencia no solo afecta a individuos concretos, sino también las condiciones que permiten nombrar, sostener y amplificar estos reclamos en la vida social.
El asesinato de Manuel Cepeda Vargas en 1994 se produjo en el marco de la persecución sistemática contra la Unión Patriótica, un proceso político que había logrado articular distintos sectores sociales a través de la participación electoral. Como senador y dirigente político, Cepeda ocupaba un lugar en la representación institucional desde el cual se disputaban proyectos y orientaciones del orden político. Desde ese lugar, su presencia permitía sostener una interlocución entre ese proyecto político y el escenario institucional. Su asesinato se inscribió en una dinámica de violencia selectiva dirigida contra quienes encarnaban esa representación. Al intervenir sobre estas figuras, la violencia no solo afectó la vida de quienes las ocupaban, sino también las condiciones que hacían posible su participación en el escenario democrático y la proyección pública de las demandas que representaban.
Programar Televisión (Productor). (1994). Noticiero de las siete N7. [Programa informativo] [Asesinato de Manuel Cepeda: Manifestaciones]. Colombia: Programar Televisión. Archivo Señal Memoria, BTCX60-063920.
El informe de la Comisión de la Verdad permite leer estos hechos como parte de un patrón en el que los asesinatos selectivos se dirigen contra figuras con capacidad de incidir en la vida pública. En estos casos, la violencia no solo elimina a individuos, sino que desarticula los vínculos que hacían posible su acción: redes de organización, espacios de denuncia y formas de representación que sostenían determinadas agendas en lo público. Al afectar esas conexiones, limita la circulación de esas demandas y debilita los procesos sociales y políticos que las hacían visibles. Frente a esto, la movilización adquiere un sentido preciso: más que una reacción inmediata, se configura como una práctica orientada a recomponer esos lazos y a sostener su presencia en el espacio público.
Territorio, despojo y resistencia
Las protestas del pueblo Emberá Katío frente al Proyecto Hidroeléctrico de Urrá se inscribieron en una trayectoria prolongada de intervenciones que transformaron la vida en el Alto Sinú. La represa sobre el río Sinú alteró el entorno físico y las relaciones sociales, económicas y culturales que sostenían la vida colectiva. Todo ello ocurrió en un contexto atravesado por presencia armada, disputas por el control territorial y decisiones estatales que redefinieron el uso del espacio. El proyecto se articuló con despojo, desplazamiento y reconfiguración espacial, modificando el acceso a recursos, las formas de producción y los modos de habitar. Estos cambios, acumulados en el tiempo, afectaron la continuidad de la vida comunitaria.
Orozco Tascón, Cecilia (Directora). Programar Televisión (Productor). (1999). Noticiero de las siete N7. [Programa informativo] [Protesta de la comunidad Emberá Katío contra llenado de represa Urrá I]. Colombia: Programar Televisión. Archivo Señal Memoria, BTCX60-064869.
Las respuestas colectivas siguieron otra temporalidad. La movilización se sostuvo mediante organización comunitaria, acciones jurídicas y protestas continuas. En ese horizonte, la memoria se ligó a la defensa del territorio como una práctica que registra, transmite y hace visibles estas transformaciones. Así, las comunidades afirmaron su permanencia frente a procesos que buscaban redefinir sus condiciones de existencia.
La movilización de víctimas como práctica democrática
A partir de estos tres casos, es posible identificar un patrón en el que distintas formas de violencia inciden no solo sobre individuos o comunidades, sino sobre las condiciones que permiten la organización social, la representación política y la defensa del territorio.
Las acciones colectivas que emergieron frente a distintas formas de violencia incidieron directamente en la vida pública. Cuando víctimas, comunidades y organizaciones ocuparon calles, territorios o espacios institucionales, hicieron visibles experiencias que durante años habían permanecido fragmentadas o dispersas. Estas acciones abrieron espacios de interlocución entre ciudadanía, Estado y sociedad, en los que esas experiencias comenzaron a ser reconocidas y discutidas públicamente.
En este sentido, la movilización se consolidó como una práctica sostenida que permitió no solo visibilizar conflictos, sino también posicionar demandas y disputar los sentidos desde los cuales estos hechos eran comprendidos. Como ha señalado Mauricio Archila, la acción colectiva en Colombia ha sido un mecanismo central de incidencia política, incluso en contextos marcados por la persistencia de la violencia.
Memoria, ley y presente
A partir de estos procesos, es posible situar la Ley 1448 dentro de un campo más amplio en el que la memoria, la movilización y la acción institucional se entrelazan en la configuración de lo público. Quince años después de su promulgación, su sentido no se agota en la arquitectura institucional que contribuyó a consolidar. Su existencia remite a un proceso en el que distintas formas de acción colectiva lograron instalar en el espacio público experiencias de violencia que durante años permanecieron fragmentadas.
En este marco, la ley puede leerse como parte de una trayectoria más amplia, construida a partir de demandas, movilizaciones y disputas por el reconocimiento. Las movilizaciones recientes permiten situar este proceso en el presente como un campo en permanente reconfiguración. La protesta articula actores, territorios y demandas heterogéneas, y en ese movimiento el espacio público se configura como un lugar donde se hacen visibles conflictos que no encuentran otros canales, donde los sentidos del pasado se reabren y donde las formas de memoria se disputan en tiempo real.
La pregunta por la memoria se desplaza hacia las condiciones que permiten su circulación, permanencia e incidencia en la vida colectiva. Atenderlas implica observar las prácticas que la sostienen, los espacios donde se inscribe y las tensiones que definen su visibilidad. Allí se configura lo público como un campo en disputa.
Por: Laura Vera Jaramillo
